Hay un momento precioso en cualquier vivienda que casi nadie ve. No es cuando el arquitecto termina el proyecto. Ni cuando entra la excavadora. Ni siquiera cuando entregamos las llaves. Sucede bastante después. Una tarde cualquiera alguien entra cargado con unas bolsas. Deja unas llaves encima de la mesa. Hay cajas todavía sin abrir, una lámpara pendiente de colocar y probablemente una discusión sobre dónde demonios va el sofá.
Y, sin ceremonia alguna, aquella vivienda se convierte en una casa. Parece sencillo. Pero para que esas llaves hayan llegado hasta esa mesa han tenido que ocurrir una barbaridad de cosas.
Alguien tuvo que imaginar que allí podía construirse. Un propietario decidió vender. Un arquitecto dibujó. Una Administración autorizó. Un promotor arriesgó su dinero. Un banco financió. Una constructora organizó decenas de oficios. Alguien comercializó. Alguien compró. Y antes de todos ellos, alguien decidió que en aquel lugar podía existir una vivienda.
Para construir una casa necesitamos a muchas personas. Quizá por eso me sorprende tanto lo que hemos hecho con la vivienda. Hemos convertido en adversarios precisamente a quienes necesitamos sentados en la misma mesa. El inquilino contra el propietario. El joven contra el inversor. El Promotor contra la Administración. La Administración contra quien desarrolla. El residente contra quien llega. Lo público contra lo privado.
Y mientras discutimos quién tiene la culpa, hay algo bastante más difícil de discutir: Faltan viviendas. Lo veo cada día. Personas con trabajo que no encuentran dónde vivir. Jóvenes que hacen números y no llegan. Familias buscando alquiler. Profesionales que Menorca necesita y que tienen enormes dificultades para instalarse aquí.
Pero también veo la otra parte. Pequeños propietarios que prefieren no alquilar. Ahorradores que podrían invertir en una vivienda y no lo hacen. Promotores que descartan proyectos. Constructores enfrentándose a costes cada vez mayores y a falta de personal. Proyectos atrapados durante demasiado tiempo. Y compradores que reciben al final de toda esa cadena una factura imposible.
Tal vez haya llegado el momento de dejar de preguntarnos a quién apretamos un poco más y empezar a preguntarnos qué podemos aflojar entre todos. No digo que desaparezcan las normas. Ni los impuestos. Ni los controles. Digo algo mucho menos espectacular: hagámoslo posible.
Si queremos vivienda asequible, quizá tendremos que conseguir que producir vivienda sea también más asequible. Si queremos alquiler, tendremos que conseguir que alguien quiera poner su vivienda en alquiler. Si queremos inversión, tendremos que dejar de tratar toda rentabilidad como si fuese sospechosa. Si queremos que nuestros jóvenes puedan comprar, tendremos que estudiar cómo ayudarles fiscalmente, facilitar financiación y aumentar la oferta.
Si queremos vivienda pública, habrá que construirla. Y si queremos vivienda privada, necesitaremos promotores dispuestos a promoverla. Parece obvio. Últimamente, no tanto.
Porque hemos politizado la vivienda hasta un punto absurdo. Cada problema necesita un culpable. Cada solución, una etiqueta ideológica. Cada dato, una trinchera. Y una casa no sabe de izquierdas ni de derechas. Sabe de suelo, números, hormigón, madera, licencias, financiación, trabajo y tiempo. Sobre todo, tiempo.
Menorca debe protegerse. Absolutamente. Pero proteger Menorca también debería significar que se pueda vivir aquí. Que una enfermera encuentre alquiler. Que un camarero pueda formar una familia. Que un joven menorquín no tenga que marcharse porque el lugar donde nació se ha convertido en un lugar donde no puede empezar su vida. Eso también es proteger una isla. Y conseguirlo exigirá esfuerzos. De todos.
La Administración tendrá que ser más ágil, planificar a largo plazo, generar suelo donde corresponda y revisar una fiscalidad que carga muchísimo sobre algo que afirmamos querer hacer accesible. El sector privado tendrá que apretar márgenes cuando sea posible, innovar, industrializar, construir mejor y entender que tenemos una responsabilidad que va bastante más allá de vender metros cuadrados.
Los bancos tendrán que buscar fórmulas para una generación capaz de pagar una cuota, pero incapaz de reunir ahorro. Los propietarios necesitarán seguridad para sacar viviendas al mercado. Y nosotros, como sociedad, tendremos que abandonar una idea especialmente cómoda. Que la solución siempre tiene que pagarla otro.
Porque no existe una medida mágica. Existirán cien pequeñas decisiones. Ceder un poco. Agilizar un poco. Bonificar un poco. Construir un poco más. Rehabilitar mucho más. Dar seguridad. Reducir incertidumbre. Ayudar a quien empieza. Facilitar a quien arriesga. Exigir a quien incumple. Y dejar trabajar a quien quiere hacer las cosas bien.
Probablemente nadie obtendrá exactamente todo lo que quiere. Quizá precisamente de eso se trate. Porque aquella persona que un día dejará las llaves encima de la mesa no sabe quién tramitó su licencia. No conocerá al funcionario que informó el expediente. Probablemente nunca verá al inversor que puso el primer euro ni sabrá el nombre del albañil que levantó la pared de su habitación.
Tampoco sabrá cuántas reuniones, planos, impuestos, problemas y noches sin dormir hicieron falta. Simplemente abrirá la puerta. Dejará las bolsas. Mirará alrededor. Y estará en casa.
Ese debería ser el objetivo. No ganar el debate sobre vivienda. No demostrar quién tenía razón. No encontrar al siguiente culpable. Conseguir que más personas puedan vivir aquí.
Y quizá para lograrlo tengamos que recuperar una idea tremendamente sencilla: Una casa puede tener un propietario. Pero hacerla posible es cosa de todos.
Jose Pons, CEO de Bonnin Sanso (@jpons_bonninsanso)
