Lo primero que debo reconocer es que no me apetecía volver a escribir sobre vivienda. No porque el problema haya desaparecido. Sino precisamente porque cada vez es más grande.
Hace un año muchos pensábamos que el debate evolucionaría. Que dejaríamos atrás los relatos simplistas y empezaríamos a tomar decisiones valientes.
Pero no solo seguimos igual. Estamos peor. Y cuando una sociedad empieza a asumir como normal que una generación entera tenga más difícil acceder a un hogar que sus padres, algo profundo se está rompiendo.
Vivimos instalados en una especie de Matrix colectiva. Un sistema donde resulta más cómodo elegir la pastilla azul. La del relato fácil, la del culpable rápido, la de la discusión permanente que evita afrontar la realidad.
La que nos permite seguir pensando que el problema de la vivienda es el propietario. El inversor. El turismo. O ese vecino que tiene dos pisos en alquiler y al que resulta muy sencillo convertir en símbolo de todos los males.
Pero existe otra opción. La pastilla roja. La que obliga a mirar los datos de frente, aunque incomoden. A buscar soluciones de verdad.
En el último año, el precio de la vivienda en España ha crecido en torno a un 12,7 %.
Sin embargo, si analizamos la evolución real de los salarios en las últimas tres décadas, el aumento apenas supera el 2,7 % descontando la inflación. Esto significa que el acceso a la vivienda se deteriora mucho más rápido de lo que mejora la capacidad económica de los ciudadanos. A esta brecha estructural se añade un factor que rara vez ocupa titulares… la carga fiscal y regulatoria.
Diversos análisis sitúan entre el 30 % y el 40 % del precio final de una vivienda el peso de impuestos, tasas urbanísticas y costes administrativos. En términos prácticos, en una vivienda con un precio de venta de 350.000 euros, el impacto fiscal total puede situarse fácilmente entre 90.000 y 140.000 euros.
Mientras tanto, el conjunto del sector inmobiliario genera más de 52.000 millones de euros anuales en recaudación pública en España. No se trata de cuestionar la necesidad de financiar servicios esenciales. Se trata de plantear una pregunta incómoda: ¿Hemos convertido la vivienda en un derecho a proteger… o en un recurso a exprimir?
En territorios insulares como Menorca, esta realidad se percibe con especial intensidad. El salario medio ronda los 23.000 euros anuales brutos. El precio medio de la vivienda supera los 350.000 euros en muchas zonas.
La tasa de esfuerzo necesaria para acceder a un hogar supera ya el 45 % de los ingresos familiares. Esto ya no es una simple tensión del mercado. Es un bloqueo progresivo del acceso a la vivienda.
Pero el problema real no son solo los números. Son las personas. Parejas jóvenes que no preguntan cuánto cuesta una vivienda, sino si algún día podrán permitírsela. Profesionales que rechazan oportunidades laborales por no encontrar dónde vivir.
Propietarios que dudan en alquilar por miedo a la inseguridad jurídica. Inquilinos que viven con la sensación de que su estabilidad depende de decisiones ajenas.
Y, mientras tanto, el debate público insiste en dividir. Propietarios contra inquilinos. Residentes contra turistas. Inversores contra ciudadanos. Como si enfrentar a quienes forman parte de la solución fuera más sencillo que asumir la responsabilidad de gobernar.
La vivienda no necesita más relatos ideológicos. Necesita seguridad jurídica real. Necesita más oferta, con procesos urbanísticos ágiles y coherentes. Y necesita una revisión honesta del peso fiscal que soporta el acceso a un bien esencial.
La solución no es sencilla, pero tampoco es imposible. Lo verdaderamente difícil es abandonar la comodidad de la pastilla azul. Porque aceptar la realidad implica asumir responsabilidades y tomar decisiones que no siempre dan votos, pero sí construyen futuro.
Hoy seguimos teniendo esa elección delante. Podemos seguir discutiendo sobre culpables mientras el problema crece. O podemos tomarnos la pastilla roja y decidir mirar de frente, actuar con valentía y empezar a solucionarlo de verdad.
Y tú, ¿qué pastilla te quieres tomar?
Jose Pons, CEO de Bonnin Sanso
